Una amonestación temeraria 

El sistema de transporte público de pasajeros comienza, nuevamente, a levantar presión y podría

desatar otro conflicto, esta vez de consecuencias impredecibles debido a una disposición del Gobierno central que punza directamente en la médula del interés empresarial al anular su condición de concesionario. Esa potestad que es garantía de exclusividad en el negocio está a tiro de ser revocada por resolución de la autoridad competente en una suerte de sanción por -presuntos- incumplimientos en la prestación del servicio. Parece una medida exagerada, como casi todo lo que emana últimamente de la administración del Frente de Todos. Si se concreta, no hay que descartar que más adelante tenga un costo para el Estado por vía del resarcimiento. Como siempre lo afrontarán los contribuyentes con su bolsillo.
Sucede que el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de las secretarías de Gestión de Transporte y de Articulación Interjurisdiccional, dispuso autorizar excepcionalmente a las concesionarias de las líneas de colectivos urbanas y suburbanas a cubrir las operaciones de otras empresas, en el caso de que sus titulares suspendan los servicios por causas como medidas de fuerza o lockouts patronales. El problema de fondo son los recursos financieros que sostiene el sistema.
Las empresas se quejan de que no reciben en tiempo y forma el dinero que en calidad de subsidio distribuye el Estado nacional, por eso se atrasa en el pago de salarios y el personal comienza con paros o retención de servicios. Conclusión: no hay colectivos. En los últimos meses decenas de líneas han paralizado sorpresivamente su actividad en reclamo por la falta de recursos. Se da sobre todo en el Conurbano bonaerense, aunque también se ha replicado en distintos puntos del país. El Gobierno pretende terminar con esta metodología con la amenaza de quitar temporalmente la concesión.
Ayer apareció en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 2/2023, a través de la cual el Ministerio autoriza "con carácter de excepción, a título precario y provisorio" a que las empresas inscriptas en el Registro Nacional del Transporte de Pasajeros por Automotor de Carácter Urbano y Suburbano realicen servicios de emergencia, mientras duren las medidas de suspensión por parte de los titulares de otras empresas.
La decisión, adoptada tras meses de paros e interrupciones del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), se basa en el razonamiento de que se trata de un servicio público, "cuya prestación el Estado debe asegurar en forma general, continua, regular, obligatoria y uniforme". Precisamente, según un informe interno de la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, se constató que "ciertos servicios han dejado de prestarse de manera intempestiva" recientemente.
"Esta situación genera un menoscabo cierto en los intereses de los usuarios, con el consecuente desmedro del compromiso asumido con los ciudadanos respecto de la conectividad", señalan los considerandos. Por ese motivo se busca realizar "medidas correctivas necesarias" de carácter "urgente y excepcional" para "garantizar la prestación mínima" de los colectivos, y evitar "el menoscabo de los intereses" de los usuarios.
Fuentes del Ministerio de Transporte dijeron a la agencia oficial Télam que "si hay un lockout patronal, que no es por temas salariales, se les puede dar la explotación de las líneas a otras empresas de manera temporal hasta volver a licitarlas. Así los pasajeros no se quedan más de rehenes sin viajar". La resolución no contempla el paro de trabajadores.
Es una maniobra riesgosa, la sanción con cobertura temporal puede dar lugar a apropiaciones de concesiones de servicios.